Mujeres esterilizadas a la fuerza durante gobierno de Fujimori exigen justicia

// Al ex presidente de Perú Alberto Fujimori y tres ex ministros de Sanidad  se les acusa de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas a  mujeres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales 18 murieron. La denuncia se basa en un informe realizado por una comisión del actual ministerio de Sanidad.

——————————————————————————————————–

Teresa Sosa

El dolor de cuatro mujeres peruanas de la región sureña de Cuzco  que aseguran fueron esterilizadas de manera forzosa hace unos 15 años, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, hace que sigan reclamando justicia y que vean con esperanza la reapertura de su caso.El caso de esta y otras mujeres se presentó ante la Justicia en 2001, fue archivado en 2009, en 2011 se ordenó su reapertura, en 2012 se reabrió, en ese momento del proceso la Fiscalía reconoció que hizo una mala investigación.imagen mujeres esterilizadas con pruebas

Testimonio

Irene Chalco, de 41 años, dijo que ella pensó en morirse junto a sus tres hijos cuando en 1997 le informaron que la habían operado para que no volviera a ser madre.”Cuando me desperté estaba cortada mi barriga”, recuerda Chalco entre lágrimas, al asegurar que ella nunca autorizó este procedimiento.

Ella es una madre soltera de la localidad andina de Chinchaypujio que vive del maíz, la papa y el trigo que produce su chacra y que no sabe ni leer ni escribir en español, pues su lenguaje nativo es el quechua.

Según Chalco, ella acudió porque solían regalarle víveres, pero tras los malestares que experimentó después de la operación de la ligadura de trompas, tuvo que ser intervenida hasta en dos oportunidades.

Este hecho emblemático resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de derechos de la que fueron víctimas, no sólo ellas sino miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas

 Investigación

El Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados profesionales, entre ellos, la líder campesina de Anta, Cuzco, Hilaria Supa. Los resultados se dieron en julio del 2002, mostrando 54 nuevas evidencias de la violación de derechos que enfatizan en testimonios las irregularidades en el Consentimiento Informado.

En junio 2003, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso formuló ante la Fiscalía de la Nación una denuncia contra Fujimori, por delito de Lesa Humanidad y tortura, debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo responsable de las esterilizaciones forzadas.

 Por ejemplo, se han encontrado oficios que dirige el ex ministro de Sanidad, Marino Costa Bauer, al entonces presidente Fujimori, en los cuales le informaba de las cifras mensuales de las denominadas anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, así como de las proyecciones para los meses siguientes. Otra de las evidencias contra Fujimori son las cartas enviadas al jefe de la Casa Militar, en el Palacio de Gobierno, en las que se le solicita el apoyo con material médico para el programa de esterilizaciones.

El documento final fue entregado por el propio ministro de Sanidad, Fernando Carbone, al presidente de la subcomisión investigadora del Congreso, que preside el parlamentario Héctor Chávez Chuchón. De acuerdo con el informe, las evidencias en las que se basa la acusación contra Fujimori y sus tres ex ministros son 56 documentos oficiales y los testimonios de diversos funcionarios del ministerio que trabajaron durante el Gobierno de Fujimori.

Supuesto plan de salud

La investigación precisa que entre 1996 y 2000 se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú. ‘Se captó personas bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión realmente informada’, precisa el documento.

 “La apertura se ha hecho por 2.074 mujeres. No todas tienen un abogado. La fiscal ha identificado a 1.500 mujeres vivas, las demás tienen un DNI (documento de identidad) equivocado”, afirmó Rossy Salazar, representante legal de la organización  de mujeres Demus.

Juan Súccar, presidente de la comisión investigadora, dijo que las víctimas recibieron diversas promesas, si se sometían a la intervención quirúrgica, mientras que las que se negaron fueron amenazadas con no ser atendidas en los centros de salud. Es decir, se aplicaron procedimientos que no respetaron la dignidad de las personas.

Uno de los denunciados, el ex ministro de Sanidad Alejandro Aguinaga calificó la acusación de ‘tremendo exceso’  “Nadie dice cómo se generaron estas políticas, ni mucho menos hablan de la triste realidad de la salud reproductiva que presentaba el país, con altísimas tasas de mortalidad materna e infantil’, dijo.

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Con la reapertura del caso cambió la figura de este delito, que pasó de ser considerado delito común a señalarse como una violación a los derechos humanos, por lo que no prescribe.

FUENTE.  Agencias de noticias; prensa peruana.

 Descargar edición impresa digitalizada Diario de los Andes

PDM_27_01_2013_

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: