Corte Constitucional de Colombia: el Estado está obligado a facilitar interrupción de embarazo

La Corte Constitucional de Colombia ha determinado que el aborto es un derecho fundamental de las mujeres en los casos determinados por la sentencia C-355 de 2006, la que permite el procedimiento impune en casos de violación, malformación del feto o cuando hay peligro para la vida de la madre. En consecuencia, el Estado tiene la obligación ineludible de facilitar los medios para interrumpir ese embarazo en forma segura.

Esta determinación de la Corte Constitucional fue explicitada a partir de una acción de tutela de una mujer a la que los médicos y un juez le negaron la posibilidad de abortar, en el Hospital Departamental de Villavicencio. Ella adujo, para su petición, que el embarazo colocaba en riesgo su vida, ya que anteriormente había perdido tres bebés por sufrir de eclampsia. Sin embargo, el médico que la atendió adujo objeción de conciencia, y posteriormente el juez que conoció su reclamo a través de una petición de tutela, no lo acogió y, más aun, le expresó un reproche moral por su decisión. Ante ello, la mujer no tuvo otra opción que someterse a un procedimiento clandestino, tal como señala el periódico El Tiempo.

“Resulta innegable que, a partir de la sentencia C-355… surgió en Colombia un verdadero derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en… las hipótesis despenalizadas”, indicó la Corte en el fallo.

Por su parte, Mónica Roa, directora en Colombia de Women´s Link Worldwide, quien estuvo directamente vinculada al proceso que llevó a la sentencia del año 2006, señaló que este pronunciamiento responde a las dudas que puedan surgir al respecto y que “al elevar a derecho fundamental los casos en que está despenalizado el aborto, las mujeres pueden exigir ese procedimiento y el Estado está obligado a facilitarlo”.

Esto significa que la Superintendencia de Salud debe adoptar medidas para que los hospitales y las EPS adopten protocolos de diagnóstico rápido en los casos en que las mujeres señalen su determinación de someterse a un aborto por estar en peligro su vida.

La Corte enfatizó, además, que: “Para la Sala es inconcebible que una mujer embarazada que padece un lamentable estado de salud, sujeto de especial protección constitucional, acuda al aparato judicial después de haber sido ignorada por la institución de salud y resulte nuevamente violentada al ser víctima de juicios de reproche de tipo moral, que buscan coartarle su derecho fundamental a la autodeterminación reproductiva”.

Por otra parte, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención por el desacato a la sentencia sobre el aborto, cometido por el procurador Alejandro Ordoñez, jefe del Ministerio Público. El funcionario está obligado a garantizar como parte de sus funciones constitucionales que se imparta una cátedra sobre derecho al aborto y los derechos sexuales de las mujeres, al igual que campañas masivas en entidades educativas sobre estas temáticas.

Ordoñez se ha manifestado públicamente contrario a estas medidas, razón por la cual la Corte señaló que debería expresar su oposición “fundadamente y apartarse, para que otro funcionario público lo haga”.

Fuente:

http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=194


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