Análisis The Associated Press Por SHARELLY DE SANTIS
El caso de Edwin Valero, el ex campeón ligero de boxeo que se suicidó tras ser detenido por el presunto asesinato de su esposa, puso los reflectores sobre la problemática existente en el tema de la violencia doméstica en Venezuela.
La bandera nacional cubre el ataúd del agresor victimario Inca Valero
Activistas de los derechos humanos denuncian que las agresiones y muertes violentas de mujeres crecen en espiral en esta nación sudamericana, por lo que consideran que el crimen de Valero es apenas una parte visible de un problema social más grande.
Para Alba Carosio, directora general del Centro de Estudios para la Mujer (CEM), el caso de la esposa fallecida de Valero tuvo resonancia en los medios por ser una persona conocida. Sin embargo, Carosio afirma que en Venezuela hay “violencia contra las mujeres todos los días”.“Lo que sucede es que son casos anónimos”, agregó.
Ofelia Alvarez, directora general de la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer, coincidió con Carosio, al afirmar que la gente está “indignada por el asesinato de Jennifer Viera de Valero y yo les digo que yo me indigno todas las semanas cuando sé de una muerte más de una mujer por violencia de género en Venezuela”.
Más de 50 organizaciones no gubernamentales venezolanas, incluidos grupos defensores de los derechos de la mujer, criticaron esta semana el manejo del caso por el gobierno y las autoridades judiciales, afirmando en un comunicado que el sistema de justicia falló y hubo un patrón de indiferencia respecto a la violencia contra la mujer.
Las autoridades gubernamentales “no hicieron más que mirar a otro lado y por lo tanto son responsables por omisión de este crimen”, dijeron las organizaciones. Añadieron que el sistema de justicia “no actuó con la debida diligencia, no fue justo y eficaz, no
Acto multitudinario para el victimario Inca Valero
dictó y vigiló adecuadamente las medidas de protección que Jennifer requería”.
Desde 2008, el nombre del ex monarca de los 61 kilos se asoció repetidamente en la prensa nacional con hechos de violencia doméstica y de abuso de alcohol y drogas, pero solían ser desmentidos por el púgil y minimizados por sus allegados y por las autoridades.
El púgil salió en libertad provisional el 7 de abril después de que una jueza desechó la petición de la Fiscalía, de mantenerlo detenido hasta completar un tratamiento de desintoxicación y de ayuda psiquiátrica.
Según datos ofrecidos por Amnistía Internacional (AI), en el 2008, murió en Venezuela cada 10 días una mujer por violencia de género. La Fiscal General, Luisa Ortega, mencionó en un discurso que sólo en Caracas la cifra es “dos mujeres muertas cada 10 días”.
Las autoridades venezolanas, sin embargo, no cuentan con cifras completas sobre la
Sepelio en intimidad familiar de Jennifer asesinada por Inca Valero
violencia de género.
Virginia Aguirre, directora de la organización oficialista Observatorio Bolivariano de Género, admitió que no se cuenta con esas estadísticas al anunciar que para el próximo año el Instituto Nacional de Estadística (INE) contará con cifras oficiales al respecto.
Alvarez afirmó que “la noticia que sale a la luz pública es que no hay verdaderas cifras y un país que no tiene estadísticas no puede tener planes porque ni sabe por dónde va el problema”.
El informe de Amnistía Internacional señaló que la referida ley “tiene el potencial de traer consigo mejoras reales para la vida de las mujeres. No obstante, el que ese potencial se haga realidad depende de la voluntad política”.
Vivian Díaz, antropóloga y vocera de AI en Venezuela, dijo a la AP que a pesar de que la ley habla de la creación de un sistema, “en la práctica se hace difícil cuando las instituciones encargadas no logran establecer comunicación”.
“Se han aplicado acciones aisladas, se han creado tribunales de género, se han creado las fiscalías de género. Sin embargo no son suficientes para atender todas las denuncias que hay”, agregó Díaz.
Los activistas coinciden en que la polarización política también está imposibilitando que se consigan soluciones al problema. Afirman que las instituciones del gobierno no buscan trabajar en conjunto con las ONGs.
Lilia Arvelo, presidenta del Instituto Metropolitano de la Mujer, lamentó que “a pesar de que lo he intentado numerosas veces ha sido imposible que haya un encuentro con INAMUJER”, organismo estatal encargado de coordinar acciones preventivas.
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Editado por Palabra de Mujer/Fotos: Internet
